TEMA 1: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. SU GARANTÍA Y SUSPENSIÓN. LA CORONA: FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL REY.

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1. Marco Normativo e Introducción

La Constitucion Espanola de 1978 es la norma suprema del ordenamiento juridico espanol, aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, ratificada en referendum nacional el 6 de diciembre de 1978, sancionada y promulgada por el Rey el 27 de diciembre de 1978, y publicada con entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978.

2. La Constitucion Espanola de 1978

Caracteristicas generales y estructura formal

La Constitucion de 1978 es de origen popular, escrita, consensuada, rigida para su reforma, extensa y de aplicacion directa en gran parte de su articulado.

Estructuralmente se divide en una parte dogmatica, que contiene las bases ideologicas y derechos, y una parte organica, reguladora de los poderes e instituciones del Estado.

• 1 Preambulo: Declaracion solemne sin fuerza juridica directa vinculante.
• 169 Articulos articulados a traves de 11 Titulos (Titulo Preliminar y Titulos I a X).
• 4 Disposiciones Adicionales: Respeto a los derechos historicos forales.
• 9 Disposiciones Transitorias: Regimen provisional hacia el nuevo orden constitucional.
• 1 Disposicion Derogatoria: Deroga expresamente las Leyes Fundamentales del franquismo y la Ley para la Reforma Politica.
• 1 Disposicion Final: Entrada en vigor el mismo dia de su publicacion oficial en el BOE (29 de diciembre de 1978).

Titulo Preliminar: Principios basicos del Estado

El Titulo Preliminar comprende los articulos 1 al 9 y define la formula politica, territorial y juridica que vertebra el Estado espanol.

Consagra las bases del sistema democratico, la soberania, la forma politica y la sujecion de los poderes publicos a la ley.

• Art. 1.1: Espana se constituye en un Estado social y democratico de Derecho.
• Art. 1.1: Valores superiores del ordenamiento juridico: libertad, justicia, igualdad y pluralismo politico.
• Art. 1.2: La soberania nacional reside en el pueblo espanol, del que emanan los poderes del Estado.
• Art. 1.3: La forma politica del Estado espanol es la Monarquia parlamentaria.
• Art. 2: Indisoluble unidad de la Nacion espanola, reconociendo el derecho a la autonomia de nacionalidades y regiones, y la solidaridad entre ellas.
• Art. 3: El castellano es la lengua espanola oficial del Estado; las demas lenguas espanolas seran oficiales en sus CCAA conforme a sus Estatutos.
• Art. 6, 7 y 8: Reconocimiento expreso de partidos politicos, sindicatos/asociaciones empresariales y Fuerzas Armadas.
• Art. 9.1 y 9.2: Principio de constitucionalidad y promocion de la igualdad real y efectiva por los poderes publicos.
• Art. 9.3: Garantias juridicas: legalidad, jerarquia normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, seguridad juridica, responsabilidad e interdiccion de la arbitrariedad.

3. Derechos y Deberes Fundamentales

Estructura general y sistemica del Titulo I

El Titulo I ('De los derechos y deberes fundamentales') abarca del articulo 10 al 55 y constituye el nucleo dogmatico de la Carta Magna.

El articulo 10 actua como portico general, estableciendo la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden politico y la paz social.

• Articulo 10.1: Fundamento: dignidad humana, derechos inviolables que le son inherentes, libre desarrollo de la personalidad, respeto a la ley y a los derechos de los demas.
• Articulo 10.2: Criterio hermeneutico de interpretacion conforme a la Declaracion Universal de Derechos Humanos y tratados ratificados por Espana.
• Capitulo I (Arts. 11-13): 'De los espanoles y los extranjeros' (nacionalidad, mayoria de edad a los 18 anos, estatuto de extranjeros y extradicion).
• Capitulo II (Arts. 14-38): 'Derechos y libertades', precedido por el Art. 14 (Principio de igualdad ante la ley).
• Capitulo III (Arts. 39-52): 'De los principios rectores de la politica social y economica'.
• Capitulo IV (Arts. 53-54): 'De las garantias de las libertades y derechos fundamentales'.
• Capitulo V (Art. 55): 'De la suspension de los derechos y libertades'.

Capitulo II del Titulo I: Derechos y libertades

El Capitulo II articula el catalogo principal de derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento constitucional.

Se organiza internamente en dos secciones marcadamente diferenciadas por su rango, trascendencia material y mecanismo de proteccion.

• Seccion 1a (Arts. 15-29): Derechos fundamentales y de las libertades publicas en sentido estricto.
• Art. 15: Derecho a la vida y a la integridad fisica y moral (abolicion de la pena de muerte, salvo justicia militar en tiempos de guerra).
• Art. 16: Libertad ideologica, religiosa y de culto (aconfesionalidad estatal).
• Art. 17: Derecho a la libertad y a la seguridad (detencion preventiva maximo 72 horas, habeas corpus y asistencia letrada).
• Art. 18: Honor, intimidad personal y familiar, propia imagen, inviolabilidad del domicilio, secreto de comunicaciones y limitacion del uso de la informatica.
• Art. 19 y 20: Libertad de residencia y circulacion; libertad de expresion, produccion, creacion y comunicacion de informacion veraz.
• Art. 21 y 22: Derecho de reunion pacifica y sin armas (sin autorizacion previa; solo comunicacion en lugares de transito publico) y derecho de asociacion.
• Art. 23: Participacion politica directa o por representantes, y acceso a funciones y cargos publicos en condiciones de igualdad.
• Art. 24: Tutela judicial efectiva, derecho de defensa y presuncion de inocencia.
• Art. 25 a 29: Principio de legalidad penal, prohibicion de penas degradantes, derecho a la educacion, libertad sindical, huelga y derecho de peticion.
• Seccion 2a (Arts. 30-38): Derechos y deberes de los ciudadanos.
• Contenido Seccion 2a: Derecho/deber de defender a Espana (30), deber tributario progresivo (31), matrimonio en pie de igualdad (32), propiedad privada y herencia (33), fundacion (34), trabajo y remuneracion (35), colegios profesionales (36), negociacion colectiva laboral (37) y libertad de empresa (38).

Capitulo III del Titulo I: Principios rectores

Los principios rectores abarcan los articulos 39 al 52 de la Constitucion y configuran directrices materiales de indole economica y social dirigidas a los poderes publicos.

Carecen de la consideracion formal de derechos subjetivos directos, funcionando como pautas obligatorias de actuacion legislativa y judicial.

• Proteccion de la familia y de la infancia (Art. 39).
• Progreso social, pleno empleo, formacion profesional y seguridad e higiene en el trabajo (Art. 40).
• Mantenimiento de un regimen publico de Seguridad Social para todos los ciudadanos (Art. 41).
• Salvaguarda de los derechos economicos y sociales de los trabajadores espanoles en el extranjero (Art. 42).
• Proteccion de la salud publica y fomento del deporte (Art. 43).
• Acceso a la cultura y promocion de la ciencia y la investigacion cientifica y tecnica (Art. 44).
• Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y utilizacion racional de los recursos naturales (Art. 45).
• Conservacion y promocion del patrimonio historico, cultural y artistico (Art. 46).
• Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, impidiendo la especulacion del suelo (Art. 47).
• Participacion de la juventud en el desarrollo politico, social, economico y cultural (Art. 48).
• Atencion, integracion y amparo a las personas con discapacidad (Art. 49).
• Suficiencia economica a la tercera edad mediante pensiones adecuadas y periodicamente actualizadas (Art. 50).
• Defensa de consumidores y usuarios en seguridad, salud y legitimos intereses economicos (Art. 51).
• Regulacion por ley de las organizaciones profesionales para la defensa de sus intereses economicos propios (Art. 52).

4. Garantías y suspensión de los derechos y libertades

Niveles de protección y garantías constitucionales (Art. 53 CE)

El artículo 53 de la Constitución establece un sistema graduado de tutela y eficacia jurídica para los derechos reconocidos en el Título I.

La intensidad de la protección varía según la ubicación sistemática de cada derecho dentro de la estructura constitucional.

• Nivel Máximo (Art. 14 y Sección 1ª, Cap. II, Título I: Arts. 15-29): Vinculación inmediata a todos los poderes públicos (art. 53.1); reserva de Ley Orgánica que debe respetar su contenido esencial (art. 81); procedimiento preferente y sumario ante tribunales ordinarios (art. 53.2); recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2 y 161.1.b); aplicable también a la objeción de conciencia del art. 30.2.
• Nivel Ordinario (Sección 2ª, Cap. II, Título I: Arts. 30-38): Vinculación inmediata (art. 53.1); reserva de ley ordinaria respetando el contenido esencial (art. 53.1); tutela judicial genérica (tribunales ordinarios); no amparo constitucional (salvo art. 30.2).
• Nivel de Principios Rectores (Capítulo III, Título I: Arts. 39-52): Informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos (art. 53.3); solo alegables ante la jurisdicción ordinaria según dispongan las leyes que los desarrollen; carecen de amparo constitucional.

Garantías institucionales: El Defensor del Pueblo (Art. 54 CE y LO 3/1981)

Es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas para defender los derechos del Título I mediante la supervisión de la actividad de la Administración.

Da cuenta de sus actuaciones a las Cortes Generales a través de un informe anual y, en su caso, informes extraordinarios.

• Elección: Mayoría cualificada de 3/5 del Congreso y posterior ratificación por 3/5 del Senado (en defecto, fórmula subsidiaria de la LO 3/1981).
• Mandato: 5 años, con posibilidad de reelección para un solo periodo más.
• Legitimación activa: Interponer recurso de inconstitucionalidad (art. 162.1.a) y recurso de amparo (art. 162.1.b).
• Facultades: No anula ni suspende resoluciones administrativas; formula advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias.
• Inmunidades: No está sujeto a mandato imperativo, inviolable por opiniones o actos de su cargo, e impune salvo flagrante delito (fuero ante Sala 2ª TS).

Suspensión de derechos: Colectiva (Art. 55.1 y Art. 116 CE) e Individual (Art. 55.2 CE)

La suspensión general opera de modo excepcional durante los estados de excepción o de sitio bajo control parlamentario obligatorio.

La suspensión individual afecta a personas determinadas investigadas por bandas armadas o elementos terroristas, con preceptiva intervención judicial y control parlamentario.

• Derechos susceptibles de suspensión en Estado de Excepción y Sitio (Art. 55.1): Art. 17 (plazo máx. detención preventiva y habeas corpus; matiz: art. 17.3 sobre asistencia letrada solo en Sitio), Art. 18.2 (inviolabilidad de domicilio), Art. 18.3 (secreto de comunicaciones), Art. 19 (libertad de circulación/residencia), Art. 20.1.a y d (libertad de expresión e información), Art. 20.5 (secuestro de publicaciones), Art. 21 (derecho de reunión), Art. 28.2 (derecho de huelga), Art. 37.2 (medidas de conflicto colectivo).
• Particularidad exclusiva del Estado de Sitio: Posibilidad de suspender las garantías del detenido del Art. 17.3 (derecho a ser informado y asistencia letrada).
• Suspensión individual (Art. 55.2 CE - LO 4/1988 y LECrim): Afecta exclusivamente a Art. 17.2 (ampliación de detención hasta 48 horas adicionales, total 120 horas), Art. 18.2 (entrada y registro domiciliario) y Art. 18.3 (intervención de comunicaciones). Requiere orden judicial y control parlamentario.

5. La Corona: funciones constitucionales del Rey

Estatuto jurídico de la Corona, Sucesión y Regencia (Arts. 56 a 61 CE)

El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación internacional.

Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos estarán siempre refrendados, careciendo de validez sin dicho refrendo (salvo libre nombramiento de miembros de su Casa).

• Orden sucesorio (Art. 57.1): Primogenitura y representación; preferencia de la línea anterior sobre posteriores; grado más próximo sobre más remoto; varón sobre mujer; persona de más edad sobre la de menos.
• Extinción de líneas (Art. 57.3): Las Cortes Generales proveerán a la sucesión a la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
• Exclusión sucesoria (Art. 57.4): Matrimonio prohibido expresamente por el Rey y las Cortes implica exclusión del infractor y sus descendientes.
• Regencia (Art. 59): Por minoría de edad (padre/madre o pariente mayor de edad más próximo a suceder) o por inhabilitación reconocida por las Cortes (Príncipe heredero si es mayor, o pariente más próximo). Si no hay nadie, la nombran las Cortes (1, 3 o 5 personas). Exige nacionalidad española y mayoría de edad.
• Tutela del Rey menor (Art. 60): Testamentaria, legítima (padre o madre mientras permanezcan viudos) o dativa (nombrada por las Cortes). Incompatible con todo cargo político o representación representativa salvo en padres del menor.

El Refrendo de los actos del Rey (Art. 64 CE)

El refrendo traslada la responsabilidad política y jurídica del Rey a la autoridad refrendante, subsanando la falta de responsabilidad regia.

Carecen de validez los actos del Rey que no cuenten con refrendo fehaciente, operando como condición sine qua non de eficacia.

• Sujetos legitimados para refrendar (Art. 64.1): El Presidente del Gobierno, los Ministros competentes por razón de materia, y el Presidente del Congreso de los Diputados.
• Supuestos tasados de refrendo por el Presidente del Congreso (Art. 64.1 in fine y 99 CE): Propuesta de candidato a Presidente del Gobierno, nombramiento del Presidente del Gobierno tras obtener investidura, y disolución de Cortes prevista en el artículo 99.5 CE.
• Excepción al refrendo (Art. 65.2 CE): El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa, y distribuye libremente la partida presupuestaria global que recibe de los PGE (Art. 65.1 CE).

Funciones constitucionales tasadas del Rey (Arts. 62 y 63 CE)

Las atribuciones regias son actos debidos, reglados y de naturaleza formal o solemne, sin margen para la discrecionalidad política o de gobierno.

La potestad formal perfecciona la voluntad política acordada con anterioridad por los órganos correspondientes (Cortes o Gobierno).

• Relativas al Poder Legislativo (Art. 62): Sancionar y promulgar las leyes (plazo de 15 días, art. 91); expedir decretos acordados en Consejo de Ministros; convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos constitucionales; convocar a referéndum en los casos previstos.
• Relativas al Poder Ejecutivo (Art. 62): Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y nombrarlo, así como poner fin a sus funciones; nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente; ser informado de los asuntos de Estado y presidir el Consejo de Ministros a estos efectos (a petición del Presidente del Gobierno); mando supremo de las Fuerzas Armadas; conferir empleos civiles y militares y honores con arreglo a las leyes.
• Relativas a la Justicia y Gracia (Art. 62): Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, sin que pueda autorizar indultos generales; la justicia se administra en nombre del Rey (art. 117.1); nombrar al Presidente del Tribunal Supremo a propuesta del CGPJ (art. 123.2); nombrar al Fiscal General del Estado a propuesta del Gobierno oído el CGPJ (art. 124.4).
• Relaciones Internacionales (Art. 63): Acreditar embajadores y otros representantes diplomáticos (los extranjeros se acreditan ante él); manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados; declarar la guerra y hacer la paz (previa autorización de las Cortes Generales).

6. Claves para el Examen

Análisis sistemático de trampas semánticas, plazos críticos y distinciones determinantes para las pruebas de selección:

Trampas habituales de los tribunales

• Confundir las facultades del Presidente del Congreso con las del Presidente del Senado: solo el Presidente del Congreso refrenda actos del Rey (propuesta/nombramiento de Presidente del Gobierno y disolución del art. 99.5 CE).
• Asumir que el Estado de Alarma suspende derechos: la alarma solo 'limita' o 'restringe' el ejercicio de ciertos derechos (movilidad, uso de servicios), la 'suspensión' solo procede en Excepción y Sitio.
• Considerar que el Rey nombra libremente a los miembros del Gobierno: los nombra y separa 'a propuesta de su Presidente', no a iniciativa propia.
• Creer que la objeción de conciencia (art. 30.2) requiere Ley Orgánica: se regula por Ley Ordinaria, pero goza extraordinariamente de Recurso de Amparo según el art. 53.2.
• Afirmar que el Rey puede conceder cualquier tipo de indulto: la Constitución prohíbe taxativamente autorizar 'indultos generales' (art. 62.i).

Plazos críticos de obligada memorización

• 15 días naturales: Plazo para que el Rey sancione, promulgue y ordene la inmediata publicación de las leyes aprobadas por las Cortes Generales (art. 91 CE).
• 15 días: Duración máxima inicial de la declaración del Estado de Alarma decretado por el Gobierno (art. 116.2 CE).
• 30 días: Duración máxima inicial de la declaración del Estado de Excepción, prorrogable por otro plazo igual de 30 días (art. 116.3 CE).
• 5 años: Período del mandato del Defensor del Pueblo (art. 2 LO 3/1981).
• 72 horas: Plazo máximo de la detención preventiva judicial ordinaria (art. 17.2 CE), ampliable judicialmente en 48 horas adicionales (hasta 120 horas) en terrorismo (art. 55.2 CE).

Artículos clave y preguntas frecuentes

• Art. 53 CE: Graduación exacta de las garantías constitucionales (reserva de ley, contenido esencial, procedimiento preferente/sumario y recurso de amparo).
• Art. 55.1 CE: Catálogo taxativo de derechos que pueden suspenderse en Excepción y Sitio (y la exclusión de la asistencia letrada del art. 17.3 salvo en Sitio).
• Art. 57 CE: Reglas del orden sucesorio y la exigencia de Ley Orgánica para resolver abdicaciones, renuncias y dudas sucesorias.
• Art. 62 CE: Elenco exhaustivo de las funciones del Rey, diferenciando cuáles corresponden al legislativo, ejecutivo o judicial.
• Art. 64 CE: Quién ostenta la potestad de refrendo y las consecuencias jurídicas de la ausencia del mismo.

Distinciones conceptuales finas

• Tutela vs Regencia: La Regencia asume las funciones constitucionales del Rey (oficio público institucional); la Tutela se ocupa de la guarda física, educación y administración de bienes del Rey menor de edad (esfera privada y civil).
• Sanción vs Promulgación: Sanción es el acto formal de firma y asentimiento institucional; Promulgación es el acto formal por el que se constata que la ley ha sido aprobada por las Cortes y se ordena su cumplimiento y publicación.
• Suspensión Colectiva (Art. 55.1) vs Individual (Art. 55.2): La colectiva exige estado de excepción o sitio y afecta a una colectividad territorial; la individual opera en normalidad constitucional bajo investigación de bandas armadas/terrorismo y solo afecta a tres garantías procesales/domiciliarias muy concretas.
• Inviolabilidad vs Inmunidad del Rey: La inviolabilidad excluye toda responsabilidad civil, penal y política absoluta por sus actos; no es una simple inmunidad procesal o fuero especial.

7. Cuadro Resumen Esquemático