TEMA 1: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: CARACTERÍSTICAS, ESTRUCTURA, PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES. DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU ESPECIAL PROTECCIÓN.

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1. Marco Normativo e Introducción

La Constitución Española de 1978 constituye la cúspide de la jerarquía normativa estatal, sancionada y promulgada el 27 de diciembre de 1978 y en vigor desde su publicación en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Configura las bases institucionales, materiales y axiológicas del ordenamiento jurídico español, articulando el paso al Estado social y democrático de Derecho.

2. La Constitución Española de 1978: características, estructura, principios y valores fundamentales

Génesis y características formales de la Constitución

La Constitución de 1978 se forja mediante consenso político de transición, respondiendo a una tipología codificada, extensa y de marcada rigidez.

• Escrita y codificada: recopilada en un único texto oficial estructurado y solemne.
• Origen popular: elaborada por Cortes Constituyentes electas y ratificada en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978.
• Consensuada: fruto de acuerdos y pactos entre formaciones políticas heterogéneas.
• Extensa: consta de 169 artículos, siendo la segunda más amplia de la historia constitucional española tras la de 1812.
• Rígida: cuenta con procedimientos de reforma extraordinariamente agravados contemplados en su Título X (artículos 166 a 169).
• Derivada e influenciada: toma modelos del constitucionalismo histórico español (1812, 1869, 1931) y del comparado europeo (Alemania de 1949, Italia de 1947, Portugal de 1976).
• Monárquica y parlamentaria: instaura la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado (artículo 1.3).

Estructura formal y división material del texto constitucional

El texto constitucional se distribuye formalmente en un Preámbulo carente de fuerza vinculante directa y una parte dispositiva articulada, diferenciable materialmente en dos grandes bloques.

• Preámbulo: declaración política de intenciones y principios redactada por Enrique Tierno Galván (sin valor normativo directo).
• Parte articulada: 169 artículos agrupados en un Título Preliminar y 10 Títulos numerados.
• Disposiciones complementarias: 4 Disposiciones Adicionales (derechos forales), 9 Transitorias, 1 Derogatoria (cláusula general y específica de leyes fundamentales franquistas) y 1 Final.
• División material tradicional: Parte Dogmática (valores, principios y derechos) y Parte Orgánica (órganos de poder del Estado, competencias y relaciones interinstitucionales).

Valores superiores y principios estructuradores del Título Preliminar

El Título Preliminar condensa las decisiones fundamentales del poder constituyente respecto a la forma de Estado, de Gobierno y las garantías jurídicas universales.

• Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1): integración de la primacía de la ley, soberanía popular y procura existencial o justicia distributiva.
• Valores superiores del ordenamiento jurídico (art. 1.1): libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
• Titularidad de la soberanía (art. 1.2): reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado.
• Forma política (art. 1.3): Monarquía parlamentaria, con atribución de facultades tasadas y debidamente refrendadas al Monarca.
• Unidad y autonomía (art. 2): fundamentado en la indisoluble unidad de la Nación española, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad interterritorial.
• Lengua oficial (art. 3): el castellano como lengua oficial del Estado (deber de conocerlo y derecho a usarlo); cooficialidad de las demás lenguas españolas en las CCAA según sus Estatutos.
• Instituciones básicas constitucionales: partidos políticos (art. 6), sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7), Fuerzas Armadas (art. 8).
• Principio de seguridad y legalidad (art. 9): vinculación de ciudadanos y poderes públicos (9.1), remoción de obstáculos para la igualdad real (9.2), y principios del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad de normas sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de arbitrariedad).

3. De los derechos y deberes fundamentales

Estructura sistemática y pórtico del Título I

El Título I ('De los derechos y deberes fundamentales') abarca desde el artículo 10 hasta el artículo 55, constituyendo el núcleo axiológico de protección de la persona en el Estado constitucional.

• Artículo 10 como pórtico general del Título I: dignidad de la persona, derechos inviolables que le son inherentes, libre desarrollo de la personalidad y respeto a la ley como fundamento del orden político y la paz social.
• Hermenéutica internacional (art. 10.2): las normas relativas a derechos fundamentales se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España.
• Capítulo I (arts. 11-13): 'De los españoles y los extranjeros', regulador de las condiciones básicas de nacionalidad, mayoría de edad y estatus de extranjería.
• Capítulo II (arts. 14-38): 'Derechos y libertades', precedido por el principio de igualdad formal (art. 14) y bifurcado en dos secciones.
• Capítulo III (arts. 39-52): 'De los principios rectores de la política social y económica', directrices para la actuación de los poderes públicos.
• Capítulo IV (arts. 53-54): 'De las garantías de las libertades y derechos fundamentales', régimen de vinculación, reserva legal, amparo y Defensor del Pueblo.
• Capítulo V (art. 55): 'De la suspensión de los derechos y libertades', en supuestos colectivos (estados de alarma, excepción y sitio) e individualizados (investigaciones antiterroristas).

Estatus de titularidad y ejercicio: españoles y extranjeros (Capítulo I)

Los artículos 11 a 13 del Título I fijan las condiciones subjetivas necesarias para ostentar la capacidad de goce y ejercicio de las situaciones jurídicas protegidas.

• Nacionalidad (art. 11): se adquiere, conserva y pierde según la ley civil. Ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Admisibilidad de convenios de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con particular vinculación.
• Mayoría de edad (art. 12): fijada rígidamente a los dieciocho años a efectos civiles y políticos plenos.
• Condición de extranjeros (art. 13.1): gozan en España de las libertades públicas garantizadas por el Título I en los términos establecidos por los tratados y la ley orgánica reguladora.
• Derechos políticos (art. 13.2): exclusividad para españoles de los derechos electorales del art. 23, salvo reciprocidad por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales (única reforma formal previa de 1992 para Maastricht).
• Extradición y asilo (arts. 13.3 y 13.4): extradición sometida a principio de reciprocidad y ley/tratados, quedando excluidos los delitos políticos (no considerándose tales los actos de terrorismo); regulación por ley del derecho de asilo.

Clasificación sustantiva de los derechos del Capítulo II y Principios Rectores del Capítulo III

La Constitución gradúa la intensidad jurídica de los derechos diferenciando la Sección 1ª, la Sección 2ª y los Principios Rectores, impactando en su régimen de exigibilidad.

• Artículo 14 (Igualdad ante la ley): derecho subjetivo autónomo y principio transversal que prohíbe la discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
• Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29): Derechos Fundamentales y Libertades Públicas en sentido estricto (vida e integridad, libertad ideológica y religiosa, libertad personal, honor e intimidad, inviolabilidad de domicilio, secreto de comunicaciones, residencia y circulación, expresión e información, reunión, asociación, participación pública, tutela judicial efectiva, legalidad penal, educación, libertad de sindicación y huelga, petición).
• Sección 2ª del Capítulo II (arts. 30-38): Derechos y deberes de los ciudadanos (defensa y objeción de conciencia, sostenimiento de gastos públicos, matrimonio, propiedad privada y herencia, fundaciones, derecho y deber de trabajar, colegios profesionales, negociación colectiva, medidas de conflicto colectivo, libertad de empresa).
• Capítulo III (arts. 39-52): Principios rectores de la política social y económica (familia e infancia, distribución de renta y pleno empleo, formación profesional, seguridad e higiene en el trabajo, Seguridad Social, emigrantes, salud pública, medio ambiente, patrimonio histórico, vivienda digna, juventud, personas con discapacidad, tercera edad, defensa de consumidores).

4. Sistemas de garantías y niveles de protección de los derechos constitucionales (Art. 53 CE)

Gradación del sistema de garantías del Título I

El artículo 53 de la Constitución articula un sistema escalonado de garantías que condiciona la eficacia y tutela de los derechos.

La intensidad de la protección varía sustancialmente según la ubicación sistemática del derecho dentro del Título I.

• Nivel 1 o Máximo (art. 53.2 CE): Abarca la igualdad formal (art. 14), los derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15 a 29) y la objeción de conciencia (art. 30.2).
• Nivel 2 u Ordinario (art. 53.1 CE): Comprende los derechos y deberes de los ciudadanos reconocidos en la Sección 2.ª del Capítulo II (arts. 30 a 38).
• Nivel 3 o Principios Rectores (art. 53.3 CE): Incluye los principios del Capítulo III (arts. 39 a 52), sin carácter de derechos subjetivos directos.

Régimen específico de la Sección 1.ª del Capítulo II (Arts. 15 al 29 CE)

Los derechos fundamentales stricto sensu gozan del blindaje institucional más robusto del ordenamiento jurídico.

Su desarrollo legislativo y eventual reforma constitucional exigen mayorías parlamentarias cualificadas.

• Reserva de Ley Orgánica (art. 81.1 CE): Obligatoria y exclusiva para el desarrollo directo de los derechos comprendidos entre los artículos 15 y 29.
• Indisponibilidad del contenido esencial: El legislador ordinario u orgánico no puede desnaturalizar el derecho ni hacerlo impracticable (art. 53.1 CE).
• Rigidez constitucional agravada: Su modificación requiere el procedimiento de reforma constitucional extraordinario del artículo 168 CE (mayoría de dos tercios, disolución de Cortes y referéndum preceptivo).

5. Garantías institucionales y mecanismos jurisdiccionales específicos

La tutela judicial reforzada: Procedimiento preferente y sumario y Recurso de Amparo

El artículo 53.2 CE habilita dos vías judiciales singulares para reparar vulneraciones directas sobre los derechos más protegidos.

Ambas vías operan de forma sucesiva y subsidiaria respecto a la actuación de los poderes públicos.

• Procedimiento preferente y sumario: Sustanciado ante la jurisdicción ordinaria civil, penal, contencioso-administrativa (arts. 114 a 122 LJCA) o laboral con tramitación urgente y plazos abreviados.
• Recurso de amparo constitucional: Interpuesto ante el Tribunal Constitucional tras agotar la vía judicial previa ordinaria (LOTC arts. 41 a 44).
• Exigencia de especial trascendencia constitucional: Requisito inexcusable de admisibilidad introducido por la Ley Orgánica 6/2007 para abrir el amparo del TC.

El Defensor del Pueblo como garantía institucional (Art. 54 CE)

El Defensor del Pueblo actúa como el alto comisionado de las Cortes Generales para la supervisión de la Administración pública.

Su misión institucional estriba en verificar que la actuación administrativa respeta los derechos contenidos en el Título I.

• Regulación y naturaleza: Art. 54 CE y Ley Orgánica 3/1981; órgano unipersonal, independiente e inviolable por las opiniones o actos en el ejercicio de su cargo.
• Elección y mandato: Designado por las Cortes Generales para un mandato de 5 años por mayoría cualificada de 3/5 en el Congreso de los Diputados y 3/5 en el Senado.
• Facultades procesales: Legitimación activa para interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 162 CE).
• Límites de actuación: Sus recomendaciones, advertencias y recordatorios de deberes legales carecen de fuerza ejecutiva y no anulan actos ni sentencias.

6. La suspensión de los derechos y libertades (Art. 55 CE)

Suspensión general en estados de emergencia (Art. 55.1 CE)

La suspensión colectiva de derechos opera excepcionalmente ante graves alteraciones del orden público o la defensa estatal.

Dicha suspensión queda tasada restrictivamente y supeditada a la declaración de los estados de excepción o sitio previstos en el artículo 116 CE.

• Estado de alarma: Regulado por LO 4/1981; prohíbe taxativamente la suspensión de derechos, admitiendo únicamente su limitación temporal y proporcionada.
• Estado de excepción: Declarado por el Gobierno previa autorización del Congreso; permite suspender arts. 17.1/2/4 (libertad y detención preventiva), 18.2/3 (inviolabilidad de domicilio y comunicaciones), 19 (residencia y circulación), 20.1.a/d y 20.5 (expresión, información y secuestro de publicaciones), 21 (reunión) y 28.2 y 37.2 (huelga y conflicto colectivo).
• Estado de sitio: Declarado por mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno; suspende idénticos derechos que la excepción y suma el art. 17.3 (garantías del detenido: asistencia letrada e información de derechos).

Suspensión individualizada de garantías (Art. 55.2 CE)

El artículo 55.2 CE contempla la suspensión selectiva de garantías procesales para investigaciones vinculadas a bandas armadas o terrorismo.

Requiere obligatoriamente cobertura de Ley Orgánica y un riguroso control judicial previo y parlamentario posterior.

• Derechos afectados de forma taxativa: Artículo 17.2 (prolongación de la detención preventiva hasta un máximo de 48 horas adicionales) y Artículo 18 apartados 2 y 3 (inviolabilidad del domicilio e intervención de comunicaciones sin previa autorización judicial urgente).
• Requisitos habilitantes: Intervención judicial obligatoria inmediata y comunicación motivada al juez competente en un plazo máximo de 24 horas.
• Responsabilidad penal: La utilización injustificada o abusiva de estas facultades genera responsabilidad penal conforme determina expresamente el art. 55.2 CE.

7. Claves para el Examen

Análisis sistemático de trampas semánticas, plazos críticos y distinciones determinantes para las pruebas de selección:

Trampas habituales de los tribunales

• Afirmar que en el Estado de Alarma se pueden 'suspender' derechos fundamentales como la libre circulación: el Estado de Alarma solo permite 'limitar' o condicionar su ejercicio.
• Sostener que el artículo 14 y el artículo 30.2 se regulan por Ley Orgánica: ambos tienen amparo constitucional, pero su régimen normativo no es de Ley Orgánica al no integrarse en la Sección 1.ª del Capítulo II.
• Confundir la suspensión del art. 17.3 (asistencia letrada e información de derechos del detenido) en el estado de excepción: este apartado solo es suspendible en el Estado de Sitio.
• Considerar que los Principios Rectores (Capítulo III) facultan la interposición directa de amparo constitucional o demandas judiciales ordinarias sin una ley previa que los configure.

Plazos críticos de obligada memorización

• Detención preventiva ordinaria (art. 17.2 CE): Máximo de 72 horas para puesta a disposición judicial o puesta en libertad.
• Prórroga de detención preventiva antiterrorista (art. 55.2 CE y art. 520 bis LECrim): Solicitud dentro de las primeras 48 horas; prórroga judicial de hasta 48 horas más (límite máximo absoluto de 120 horas o 5 días).
• Mandato del Defensor del Pueblo (LO 3/1981): Periodo improrrogable de 5 años.
• Plazo para interponer Recurso de Amparo contra actos judiciales (art. 44 LOTC): 30 días hábiles a partir de la notificación de la resolución firme.
• Plazo para interponer Recurso de Amparo contra actos administrativos (art. 43 LOTC): 20 días hábiles tras agotar la vía judicial ordinaria.

Artículos clave y preguntas frecuentes

• Art. 53.2 CE: Determinación exacta de los derechos tutelables por el procedimiento preferente y sumario y el recurso de amparo (art. 14, Sección 1.ª del Capítulo II y art. 30.2).
• Art. 54 CE: Naturaleza del Defensor del Pueblo como alto comisionado parlamentario para la supervisión de la Administración y defensa del Título I.
• Art. 55.1 CE: Catálogo cerrado de derechos que decaen en los estados de excepción y sitio, destacando la exclusión del art. 17.3 en el estado de excepción.
• Art. 81.1 CE: La reserva de ley orgánica circunscrita únicamente al 'desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas' (arts. 15 a 29 CE).

Distinciones conceptuales finas

• Ámbito de la Reserva de Ley Orgánica (arts. 15-29 CE) frente al Ámbito del Recurso de Amparo (arts. 14-29 CE más art. 30.2 CE).
• Suspensión colectiva (art. 55.1 CE, ligada al territorio o crisis política general vía art. 116 CE) frente a Suspensión individual (art. 55.2 CE, ligada a la investigación penal de personas integradas en bandas armadas o elementos terroristas).
• Vía preferente y sumaria ordinaria (jueces ordinarios del Poder Judicial) frente a Recurso de Amparo Constitucional (Tribunal Constitucional, de naturaleza subsidiaria tras agotar la jurisdicción ordinaria).

8. Cuadro Resumen Esquemático