TEMA 1: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: CARACTERÍSTICAS. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LOS VALORES SUPERIORES. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. SU GARANTÍA Y SUSPENSIÓN.

Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid · I. ORGANIZACIÓN POLÍTICA

1. Marco Normativo e Introducción

La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, promulgada en el marco de la transición democrática y ratificada de forma universal y directa por el pueblo español. Ocupa la cúspide de la jerarquía normativa conforme a su principio de supremacía jurídica (art. 9.1 CE) e informa de manera directa toda la actuación de las Administraciones Públicas, incluida la Administración de la Comunidad de Madrid.

2. La Constitución Española de 1978: Características

Cronología esencial de elaboración y entrada en vigor

El proceso constituyente culminó en 1978 mediante la intervención sucesiva de las Cortes Generales, el cuerpo electoral y la Corona.

Estas fechas constituyen preguntas recurrentes y fundamentales en las pruebas selectivas de acceso a la función pública.

• 31 de octubre de 1978: Aprobación por las Cortes Generales en sesiones plenarias separadas de Congreso de los Diputados y Senado.
• 6 de diciembre de 1978: Ratificación por el pueblo español en referéndum vinculante.
• 27 de diciembre de 1978: Sanción y promulgación formal por S.M. el Rey Juan Carlos I ante las Cortes Generales.
• 29 de diciembre de 1978: Publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrada en vigor ese mismo día.

Rasgos definitorios y tipología formal

La Constitución Española presenta una serie de notas tipológicas singulares derivadas del consenso político alcanzado durante su redacción.

Su carácter vinculante y su técnica jurídica determinan su aplicación preferente y directa.

• Escrita y codificada: Contenida íntegramente en un texto único y formalizado.
• Consensuada: Fruto del acuerdo entre diversas fuerzas políticas heterogéneas.
• Rígida: Posee procedimientos especiales y agravados para su reforma (Título X, arts. 166 a 169).
• Extensa: Consta de 169 artículos, siendo la segunda más amplia de la historia constitucional española tras la de 1812.
• Derivada: Recibe notable influencia de textos constitucionales históricos propios e internacionales (Ley Fundamental de Bonn, Constitución Italiana de 1947).
• Incompleta o abierta: Deja amplios márgenes para el desarrollo por ley orgánica y leyes ordinarias (como el modelo territorial autonómico).
• De origen popular: Elaborada por Cortes constituyentes democráticas y ratificada en referéndum popular.

Estructura interna del texto constitucional

El texto constitucional se organiza sistemáticamente articulando una parte dogmática y una parte orgánica claramente diferenciadas.

Su estructura cuantitativa completa es objeto habitual de evaluación objetiva tipo test.

• 1 Preámbulo: Declaración solemne de intenciones y principios (carece de fuerza jurídica vinculante).
• 169 Artículos: Distribuidos en 11 Títulos (Título Preliminar + Títulos I a X).
• Parte Dogmática: Título Preliminar (arts. 1-9) y Título I (arts. 10-55).
• Parte Orgánica: Títulos II a X (arts. 56 a 169), dedicados a los poderes del Estado y su organización territorial.
• 4 Disposiciones Adicionales: Respeto a los derechos forales históricos.
• 9 Disposiciones Transitorias: Régimen de tránsito hacia el nuevo marco constitucional.
• 1 Disposición Derogatoria: Derogación de las Leyes Fundamentales del régimen anterior y de la Ley para la Reforma Política.
• 1 Disposición Final: Ordena la entrada en vigor el mismo día de su publicación y la publicación en las demás lenguas de España.

3. Los principios constitucionales y los valores superiores

Valores superiores del ordenamiento jurídico (Art. 1.1 CE)

El artículo 1.1 proclama los cuatro fines axiológicos fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos y dirigen la interpretación jurídica.

Estos valores constituyen el núcleo ético de la convivencia democrática y orientan la creación y aplicación del Derecho.

• Libertad: Autodeterminación del individuo frente a intromisiones indebidas, manifestada en libertades públicas y civiles.
• Justicia: Atribución a cada cual de lo suyo, orientada a evitar la arbitrariedad en las decisiones públicas.
• Igualdad: Concebida tanto formal o ante la ley (art. 14) como real y efectiva a promover por los poderes públicos (art. 9.2).
• Pluralismo político: Reconocimiento explícito de la diversidad ideológica y de opciones políticas a través de los partidos.

Principios constitucionales de definición del Estado (Arts. 1 y 2 CE)

La Constitución establece en sus primeros preceptos la configuración dogmática del Estado español y el origen del poder político.

Estos principios operan como pilares estructurales inderogables sin recurrir al procedimiento agravado de reforma.

• Estado social y democrático de Derecho: Sujeción de los poderes a la ley, participación democrática y procura existencial activa de prestaciones públicas.
• Soberanía nacional (Art. 1.2): Reside exclusivamente en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado.
• Forma política (Art. 1.3): Monarquía parlamentaria, donde el Rey reina pero no gobierna y sus actos precisan refrendo.
• Unidad y autonomía (Art. 2): Fundamentada en la indisoluble unidad de la Nación española, reconociendo el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas.

Principios ordenadores del sistema jurídico e institucional (Arts. 6, 8 y 9 CE)

El Título Preliminar delimita los instrumentos de participación política y de defensa, así como las garantías técnicas del ordenamiento jurídico.

El artículo 9.3 recoge el elenco taxativo de garantías jurídicas esenciales frente a la actuación pública.

• Partidos políticos (Art. 6): Expresan el pluralismo político, concurren a la formación de la voluntad popular; su creación y ejercicio son libres dentro del respeto a la CE y la ley, y su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos.
• Fuerzas Armadas (Art. 8): Compuestas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio; tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
• Sujeción universal (Art. 9.1): Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
• Igualdad material (Art. 9.2): Obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan su plenitud.

4. Derechos y deberes fundamentales

Estructura del Título I y sistemática de los derechos

El Título I de la Constitución Española actúa como pórtico de la dogmática constitucional bajo la premisa del artículo 10, que proclama la dignidad humana como fundamento del orden político y la paz social.

La Constitución divide los derechos en capítulos y secciones, asignando a cada bloque una eficacia jurídica y un régimen de protección diferenciados.

• Artículo 10: Dignidad de la persona, derechos inviolables y libre desarrollo de la personalidad (criterio interpretativo conforme a tratados internacionales).
• Capítulo I (Arts. 11-13): 'De los españoles y los extranjeros' (nacionalidad, mayoría de edad a los 18 años, extradición y asilo).
• Capítulo II (Arts. 14-38): 'Derechos y libertades' (dividido en Sección 1ª arts. 15-29 y Sección 2ª arts. 30-38, precedidos por la igualdad del art. 14).
• Capítulo III (Arts. 39-52): 'De los principios rectores de la política social y económica' (mandatos directos a los poderes públicos).
• Capítulo IV (Arts. 53-54): 'De las garantías de las libertades y derechos fundamentales'.
• Capítulo V (Art. 55): 'De la suspensión de los derechos y libertades'.

Derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª, Capítulo II)

Integran el núcleo duro constitucional y gozan de eficacia directa e inmediata sin necesidad de desarrollo legislativo previo.

Su régimen jurídico impone reserva de ley orgánica para su desarrollo y exige el respeto inexcusable a su contenido esencial.

• Derechos personalísimos: Derecho a la vida e integridad física/moral (Art. 15, abolición de pena de muerte salvo leyes penales militares en tiempo de guerra) e ideológico/religioso (Art. 16, aconfesionalidad estatal).
• Libertad y seguridad personal (Art. 17): Detención preventiva máxima de 72 horas, asistencia letrada inmediata y procedimiento de 'Habeas Corpus'.
• Intimidad y honor (Art. 18): Inviolabilidad del domicilio (salvo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito) y secreto de comunicaciones.
• Libertad de circulación y residencia (Art. 19): Entrada y salida de España sin limitaciones por motivos políticos o ideológicos.
• Libertades de expresión e información (Art. 20): Prohibición de censura previa y secuestro judicial exclusivo de publicaciones.
• Derecho de reunión y manifestación (Art. 21): Reunión pacífica sin armas; sin autorización previa, sólo comunicación en lugares de tránsito público.
• Asociación y participación (Arts. 22 y 23): Inscripción registral sólo a efectos de publicidad; derecho de acceso a cargos y funciones públicas en igualdad.
• Tutela judicial efectiva (Art. 24): Prohibición de indefensión, presunción de inocencia, juez ordinario predeterminado y derecho a no declarar contra sí mismo.
• Legalidad penal (Art. 25): Irretroactividad de normas sancionadoras desfavorables y orientación de las penas privativas hacia reeducación y reinserción.
• Educación, sindicación y huelga (Arts. 27 y 28): Enseñanza básica obligatoria y gratuita; libertad de sindicación y huelga con mantenimiento de servicios esenciales.
• Derecho de petición (Art. 29): Individual y colectiva por escrito; prohibición de petición colectiva para miembros de Fuerzas Armadas e Institutos sometidos a disciplina militar.

Derechos y deberes de los ciudadanos (Sección 2ª, Capítulo II) y Principios Rectores (Capítulo III)

La Sección 2ª recoge derechos de contenido económico y social cuya tutela judicial ordinaria se canaliza por la vía común.

El Capítulo III no reconoce derechos subjetivos directos, sino directrices que informan la actuación de todos los poderes públicos.

• Sección 2ª (Derechos y deberes): Defensa de España y objeción de conciencia (Art. 30), sostenimiento de gastos públicos según capacidad económica (Art. 31), matrimonio en plena igualdad jurídica (Art. 32), propiedad privada y herencia limitadas por su función social (Art. 33), derecho al trabajo, libre elección de profesión y salario adecuado (Art. 35), colegios profesionales (Art. 36), convenios colectivos y conflicto laboral (Art. 37) y libertad de empresa (Art. 38).
• Capítulo III (Principios rectores): Protección a la familia e infancia (Art. 39), redistribución de renta y pleno empleo (Art. 40), Seguridad Social universal (Art. 41), protección de la salud (Art. 43), acceso a la cultura (Art. 44), medio ambiente adecuado (Art. 45), patrimonio histórico (Art. 46), vivienda digna (Art. 47), juventud (Art. 48), atención a personas con discapacidad (Art. 49, reformado para eliminar términos peyorativos), tercera edad (Art. 50) y defensa de los consumidores (Art. 51).

5. Su garantía y suspensión

Garantías normativas, jurisdiccionales e institucionales (Arts. 53 y 54)

El sistema de garantías del artículo 53 asegura que los derechos vinculen de forma efectiva a todos los poderes públicos.

La garantía institucional se complementa mediante el Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales.

• Vinculación general (Art. 53.1): Los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos; sólo por ley (que respetará su contenido esencial) podrá regularse su ejercicio.
• Control de constitucionalidad (Art. 53.1): La tutela frente a leyes contrarias a estos derechos se ejerce mediante el Recurso de Inconstitucionalidad (Art. 161.1.a).
• Tutela judicial reforzada (Art. 53.2): Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de los derechos reconocidos en el Art. 14 y la Sección 1ª mediante procedimiento preferente y sumario, y en su caso, Recurso de Amparo ante el TC.
• Eficacia de los principios rectores (Art. 53.3): El reconocimiento, respeto y protección de los principios del Capítulo III informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
• Garantía institucional (Art. 54): El Defensor del Pueblo supervisa la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales; legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad y de amparo.

Suspensión de derechos: Colectiva e individual (Art. 55 CE)

La Constitución prevé la suspensión temporal de determinados derechos fundamentales ante situaciones extraordinarias o en la persecución de bandas armadas.

La suspensión general se articula mediante la declaración de los estados de excepción o sitio previstos en el artículo 116 de la CE.

• Suspensión colectiva (Art. 55.1): Procede exclusivamente durante la vigencia de los estados de excepción o sitio regulados por LO 4/1981.
• Derechos susceptibles de suspensión colectiva: Art. 17 (libertad/detención preventiva salvo derechos del detenido del 17.3 en estado de excepción), Art. 18.2 (inviolabilidad de domicilio), Art. 18.3 (secreto de comunicaciones), Art. 19 (circulación y residencia), Art. 20.1.a y d (libertad de expresión e información), Art. 20.5 (secuestro de publicaciones), Art. 21 (reunión y manifestación), Art. 28.2 (huelga) y Art. 37.2 (conflicto colectivo).
• Límite expreso: En el estado de excepción NO se puede suspender el Art. 17.3 (información de derechos y asistencia letrada), el cual sí puede suspenderse en el estado de sitio.
• Suspensión individual (Art. 55.2): Mediante ley orgánica para investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas, requiriendo intervención judicial y adecuado control parlamentario.
• Derechos afectables individualmente: Únicamente Art. 17.2 (plazo máximo de detención preventiva, prorrogable 48 horas adicionales), Art. 18.2 (inviolabilidad domiciliaria) y Art. 18.3 (secreto de comunicaciones).
• Responsabilidad penal (Art. 55.2 in fine): La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en la ley orgánica producirá responsabilidad penal.

6. Claves para el Examen

Análisis sistemático de trampas semánticas, plazos críticos y distinciones determinantes para las pruebas de selección:

Trampas habituales de los tribunales

• Confundir la eficacia jurídica del Capítulo II ('vincularán a todos los poderes públicos', art. 53.1) con la del Capítulo III ('informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos', art. 53.3).
• Afirmar que en el Estado de Alarma se suspenden derechos fundamentales; el tribunal utiliza este falso supuesto cuando la alarma sólo permite adoptar medidas de limitación o racionamiento.
• Sustituir 'autorización previa' por 'comunicación previa' en el derecho de reunión (Art. 21): en lugares de tránsito público sólo se exige comunicación a la autoridad, nunca autorización previa.
• Indicar que todos los derechos del Capítulo II requieren Ley Orgánica: la reserva de ley orgánica (Art. 81) es exclusiva para la Sección 1ª (Arts. 15-29), mientras que la Sección 2ª se regula por ley ordinaria.
• Afirmar que el derecho a la objeción de conciencia forma parte de la Sección 1ª por tener amparo constitucional: está ubicado en la Sección 2ª (Art. 30.2) con amparo por mención explícita del Art. 53.2.

Plazos críticos de obligada memorización

• 72 horas: Plazo máximo absoluto de la detención preventiva hasta la puesta a disposición judicial o liberación (Art. 17.2).
• 48 horas: Plazo adicional de prórroga judicial en la detención preventiva individual contra terrorismo (Art. 55.2 / LECrim).
• 15 días: Plazo máximo inicial de la declaración del estado de alarma por el Gobierno sin autorización del Congreso (Art. 116.2).
• 30 días: Plazo máximo inicial y de prórroga del estado de excepción declarado por el Gobierno previa autorización parlamentaria (Art. 116.3).

Artículos clave y preguntas frecuentes

• Artículo 14: Principio de igualdad jurídica y prohibición taxativa de discriminación por cualquier condición personal o social.
• Artículo 17: Regulación de la libertad personal, plazo de 72 horas de detención preventiva, asistencia letrada y Habeas Corpus.
• Artículo 53: Distribución esquemática de las garantías normativas, preferentes y sumarias, amparo y principios rectores.
• Artículo 54: Regulación del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales regulado por Ley Orgánica.
• Artículo 55: Listado cerrado de derechos susceptibles de suspensión en estados de excepción/sitio y suspensión individual terrorista.

Distinciones conceptuales finas

• Suspensión colectiva (Art. 55.1) vinculada a circunstancias objetivas de crisis pública vs. Suspensión individual (Art. 55.2) ligada a investigaciones penales concretas de bandas armadas o elementos terroristas.
• Recurso de Inconstitucionalidad (defensa objetiva de la Constitución frente a leyes contrarias a cualquier derecho) vs. Recurso de Amparo (protección subjetiva de particulares limitada a arts. 14 a 29 + 30.2).
• Procedimiento judicial 'preferente y sumario' ante la jurisdicción ordinaria vs. 'Recurso de amparo constitucional' ante el Tribunal Constitucional como vía subsidiaria tras agotar la ordinaria.

7. Cuadro Resumen Esquemático