TEMA 1: La Constitución Española de 1978. Características. Los principios constitucionales y los valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.

1. Marco Normativo e Introducción

La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, aprobada en un contexto de transición democrática y caracterizada por su origen consensuado y su rigidez reformadora. Configura a España como un Estado social y democrático de Derecho bajo la forma política de Monarquía parlamentaria, integrando un catálogo robusto de derechos protegidos por un sistema multinivel de garantías.

2. La Constitución Española de 1978: Génesis, Estructura y Características

Itinerario cronológico y proceso constituyente

El proceso constituyente de 1978 culminó formalmente a finales de dicho año tras sucesivas aprobaciones institucionales y ratificación popular obligatoria.

• Aprobación por las Cortes Generales: 31 de octubre de 1978, en sesiones plenarias separadas de Congreso de los Diputados y Senado.
• Ratificación por el pueblo español: 6 de diciembre de 1978 mediante referéndum nacional vinculante.
• Sanción y promulgación real: 27 de diciembre de 1978 ante las Cortes Generales reunidas en sesión conjunta.
• Publicación y entrada en vigor: 29 de diciembre de 1978, publicándose en el Boletín Oficial del Estado y entrando en vigor el mismo día de su publicación oficial.

Estructura formal y material de la Constitución

El texto constitucional consta de 169 artículos estructurados en una parte dogmática de principios y derechos y una parte orgánica de organización del poder.

• Preámbulo: sin fuerza jurídica directa vinculante pero de valor interpretativo primordial.
• Título Preliminar: artículos 1 al 9, principios fundamentales del Estado.
• Título I: De los derechos y deberes fundamentales (artículos 10 al 55).
• Título II: De la Corona (artículos 56 al 65).
• Título III: De las Cortes Generales (artículos 66 al 96).
• Título IV: Del Gobierno y de la Administración (artículos 97 al 107).
• Título V: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (artículos 108 al 116).
• Título VI: Del Poder Judicial (artículos 117 al 127).
• Título VII: Economía y Hacienda (artículos 128 al 136).
• Título VIII: De la Organización Territorial del Estado (artículos 137 al 158).
• Título IX: Del Tribunal Constitucional (artículos 159 al 165).
• Título X: De la reforma constitucional (artículos 166 al 169).
• Disposiciones finales: 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final.

Rasgos característicos de la Constitución de 1978

La doctrina iuspublicista define a la Constitución española mediante un conjunto de notas singulares derivadas del pacto político que posibilitó su redacción.

• Escrita y codificada: recopilada en un texto único, cerrado y formal.
• Rígida: requiere procedimientos especiales y cualificados para su reforma (artículos 167 y 168).
• Consensuada: fruto del acuerdo y la transacción de diversas fuerzas políticas de la Transición.
• Derivada: influenciada por modelos históricos propios (1931) y constituciones europeas (Alemania de 1949 e Italia de 1947).
• Extensa: con 169 artículos, es la segunda más extensa de la historia constitucional española tras la de 1812.
• Monárquica parlamentaria: define la Corona como magistratura simbólica y arbitral sin facultades ejecutivas directas.
• Abierta e incompleta: prevé el desarrollo descentralizado del Estado de las Autonomías sin fijar un mapa cerrado en su articulado.

3. Los Principios Constitucionales y los Valores Superiores

Valores superiores del ordenamiento jurídico (Artículo 1.1)

El artículo 1.1 propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político en un Estado social y democrático de Derecho.

• Libertad: dimensión personal, ideológica, de expresión y de autodeterminación cívica.
• Justicia: principio ordenador de las relaciones sociales y límite del poder coactivo estatal.
• Igualdad: formulada en doble vertiente formal (artículo 14) y real o sustantiva (artículo 9.2).
• Pluralismo político: fundamento de la participación democrática encauzada mediante los partidos políticos (artículo 6).

Principios estructuradores del Estado (Artículos 1 y 2)

Los tres apartados del artículo 1 y la fórmula de unidad del artículo 2 articulan los cimientos dogmáticos e institucionales de la nación.

• Modelo de Estado (Art. 1.1): Estado social y democrático de Derecho.
• Soberanía nacional (Art. 1.2): reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
• Forma política (Art. 1.3): Monarquía parlamentaria.
• Unidad e indisolubilidad (Art. 2): fundamentada en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.
• Derecho a la autonomía (Art. 2): reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Instituciones básicas y principios de legalidad (Artículos 3 a 9)

El Título Preliminar completa el marco de actuación de las administraciones, partidos, sindicatos, fuerzas armadas e instituciones de garantía.

• Lenguas oficiales (Art. 3): el castellano es la lengua española oficial del Estado (deber de conocerla y derecho a usarla); las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas CCAA de acuerdo con sus Estatutos.
• Símbolos de la Nación (Art. 4 y 5): bandera formada por tres franjas horizontales (roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura); capital del Estado en la villa de Madrid.
• Partidos políticos (Art. 6): expresan el pluralismo político, concurren a la formación de la voluntad popular; su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos.
• Sindicatos y asociaciones empresariales (Art. 7): defienden y promueven los intereses económicos y sociales que les son propios; estructura interna democrática.
• Fuerzas Armadas (Art. 8): compuestas por Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire; misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
• Principios de seguridad jurídica (Art. 9.3): principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

4. Derechos y Deberes Fundamentales: Estructura y Contenido (Título I)

Estructura sistemática del Título I (Artículos 10 al 55)

El Título I se abre con el artículo 10 como pórtico interpretativo y se estructura en cinco capítulos dotados de diversa eficacia y protección.

• Artículo 10: dignidad de la persona, derechos inviolables que le son inherentes, libre desarrollo de la personalidad y respeto a la ley como fundamento del orden político y la paz social. Interpretación conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
• Capítulo I (Arts. 11 a 13): De los españoles y los extranjeros (nacionalidad, mayoría de edad a los 18 años, ejercicio de derechos por extranjeros).
• Capítulo II (Arts. 14 a 38): Derechos y libertades, presidido por el principio de igualdad (Art. 14) y dividido en dos secciones.
• Sección 1ª del Capítulo II (Arts. 15 a 29): De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (máxima protección constitucional).
• Sección 2ª del Capítulo II (Arts. 30 a 38): De los derechos y deberes de los ciudadanos (protección ordinaria).
• Capítulo III (Arts. 39 a 52): De los principios rectores de la política social y económica.
• Capítulo IV (Arts. 53 y 54): De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.
• Capítulo V (Art. 55): De la suspensión de los derechos y libertades.

Derechos Fundamentales y Libertades Públicas (Sección 1ª, Arts. 15 a 29)

Este bloque conforma el núcleo duro de los derechos constitucionales, de aplicación inmediata y tutelados por los más estrictos mecanismos procesales.

• Artículo 15: derecho a la vida y a la integridad física y moral; abolición de la pena de muerte (salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra).
• Artículo 16: libertad ideológica, religiosa y de culto; aconfesionalidad del Estado.
• Artículo 17: derecho a la libertad y a la seguridad; plazo máximo de detención preventiva de 72 horas; procedimiento de habeas corpus; asistencia letrada al detenido.
• Artículo 18: honor, intimidad personal y familiar, y propia imagen; inviolabilidad del domicilio (salvo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito); secreto de las comunicaciones; límite al uso de la informática.
• Artículo 19: libertad de residencia y de circulación por el territorio nacional.
• Artículo 20: libertad de expresión, creación literaria y científica, libertad de cátedra y derecho a transmitir y recibir libremente información veraz; secuestro de publicaciones solo por resolución judicial.
• Artículo 21: derecho de reunión pacífica y sin armas (sin autorización previa); manifestación requiere comunicación previa a la autoridad.
• Artículo 22: derecho de asociación; inscripción a efectos de publicidad; disolución solo mediante resolución judicial motivada.
• Artículo 23: derecho de participación en asuntos públicos por sí o por representantes libremente elegidos; acceso en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos.
• Artículo 24: tutela judicial efectiva sin indefensión; derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, presunción de inocencia, no declarar contra sí mismo.
• Artículo 25: principio de legalidad penal e irretroactividad; penas privativas orientadas a reeducación y reinserción social; prohibición de penas de trabajos forzados; la administración civil no puede imponer sanciones que priven de libertad.
• Artículo 26: prohibición de los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.
• Artículo 27: derecho a la educación y libertad de enseñanza; enseñanza básica obligatoria y gratuita; autonomía universitaria.
• Artículo 28: derecho a la sindicación libre (afiliación facultativa; límites en Fuerzas Armadas e institutos armados); derecho a la huelga.
• Artículo 29: derecho de petición individual y colectiva, por escrito (Fuerzas Armadas solo individualmente).

Derechos y Deberes de los Ciudadanos y Principios Rectores (Capítulos II-Sec. 2ª y III)

Comprende tanto los derechos civiles, económicos y tributarios ordinarios como las directrices materiales que orientan la acción de los poderes públicos.

• Sección 2ª (Derechos y deberes de los ciudadanos, Arts. 30-38): derecho y deber de defender a España (Art. 30); sostenimiento de gastos públicos según capacidad económica mediante sistema tributario justo (Art. 31); derecho al matrimonio con plena igualdad jurídica (Art. 32); derecho a la propiedad privada y a la herencia con función social (Art. 33); derecho de fundación (Art. 34); deber de trabajar y derecho al trabajo (Art. 35); colegios profesionales (Art. 36); derecho a la negociación colectiva laboral y fuerza vinculante de convenios (Art. 37); libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (Art. 38).
• Capítulo III (Principios rectores de la política social y económica, Arts. 39-52): protección social, económica y jurídica de la familia y de los hijos (Art. 39); distribución equitativa de la renta y pleno empleo (Art. 40); régimen público de Seguridad Social (Art. 41); salvaguarda de derechos económicos y sociales de trabajadores en el extranjero (Art. 42); protección de la salud y fomento del deporte (Art. 43); acceso a la cultura (Art. 44); derecho al medio ambiente adecuado (Art. 45); conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico (Art. 46); derecho a una vivienda digna y utilización del suelo impidiendo la especulación (Art. 47); participación de la juventud (Art. 48); atención a las personas con discapacidad (Art. 49, reformado en 2024); tercera edad y pensiones adecuadas (Art. 50); defensa de los consumidores y usuarios (Art. 51); organizaciones profesionales (Art. 52).

5. Garantías de los Derechos Fundamentales (Capítulo IV)

Régimen constitucional de garantías según el nivel de protección

El artículo 53 de la Constitución establece un sistema graduado y escalonado de garantías en función de la ubicación sistemática del derecho dentro del Título I.

• Vinculación a todos los poderes públicos (Art. 53.1): aplicable a todos los derechos del Capítulo II (arts. 14 a 38).
• Reserva de ley (Art. 53.1): la regulación de los derechos del Capítulo II solo puede realizarse por ley formal, que en todo caso debe respetar su contenido esencial.
• Recurso de Inconstitucionalidad (Art. 53.1 y 161.1.a): aplicable contra leyes y disposiciones con fuerza de ley que vulneren derechos del Capítulo II.
• Reserva de Ley Orgánica (Art. 81.1): aplicable de modo exclusivo al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas (arts. 15 a 29).
• Procedimiento preferente y sumario (Art. 53.2): tutela judicial ante los tribunales ordinarios para el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15 a 29).
• Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional (Art. 53.2 y 161.1.b): aplicable al artículo 14, Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15 a 29) y a la objeción de conciencia del artículo 30.2.
• Información de la práctica judicial y legislativa (Art. 53.3): los principios del Capítulo III solo pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Garantías institucionales: El Defensor del Pueblo

El artículo 54 instituye al Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I.

• Naturaleza y designación: alto comisionado de las Cortes Generales, designado por Congreso y Senado por mayoría cualificada de 3/5 por un período de 5 años.
• Función básica: supervisar la actividad de la Administración (estatal, autonómica y local), dando cuenta a las Cortes Generales mediante informe anual.
• Independencia: no está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y goza de inviolabilidad e inmunidad.
• Legitimación procesal: legitimado activo para interponer Recurso de Inconstitucionalidad y Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional (arts. 162.1.a y 162.1.b).

6. Suspensión de los Derechos y Libertades (Capítulo V)

Suspensión general: Estados de alarma, excepción y sitio (Artículos 55.1 y 116)

La suspensión con carácter general de determinados derechos procede exclusivamente ante situaciones extraordinarias reguladas por la Ley Orgánica 4/1981.

• Estado de Alarma: no produce suspensión de derechos fundamentales, únicamente limitaciones puntuales de circulación o permanencia y medidas de policía administrativa.
• Derechos suspendibles en Estado de Excepción y Sitio (Art. 55.1): libertad y seguridad (17.1, 17.2, 17.4), inviolabilidad del domicilio (18.2), secreto de las comunicaciones (18.3), libertad de residencia y circulación (19), libertades de expresión e imprenta y secuestro de publicaciones (20.1.a, 20.1.d, 20.5), derecho de reunión y manifestación (21), derecho de huelga (28.2) y derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo (37.2).
• Derecho suspendible exclusivamente en el Estado de Sitio: garantías del detenido reconocidas en el artículo 17.3 (asistencia letrada y derecho a ser informado de sus derechos).
• Mantenimiento del principio de responsabilidad del Gobierno y sus agentes durante la vigencia de los tres estados excepcionales.

Suspensión individual de derechos (Artículo 55.2)

La Constitución prevé la suspensión potestativa de determinados derechos a nivel estrictamente individual en el curso de investigaciones antiterroristas.

• Sujetos afectados: personas determinadas en relación con las investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas.
• Norma habilitante obligatoria: Ley Orgánica (artículo 384 bis y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
• Derechos susceptibles de suspensión individual: artículo 17.2 (plazo máximo de detención preventiva, prorrogable judicialmente en 48 horas adicionales), artículo 18.2 (inviolabilidad domiciliaria) y artículo 18.3 (secreto de las comunicaciones).
• Garantías inexcusables: obligatoria intervención judicial y control parlamentario periódico; la utilización injustificada o abusiva produce responsabilidad penal.

7. Claves para el Examen

Análisis de trampas, plazos críticos y distinciones jurídicas determinantes para las pruebas de selección:

Trampas habituales de los tribunales

• Intercambiar las competencias entre órganos en los estados excepcionales: en alarma declara el Gobierno y autoriza prorrogar el Congreso; en excepción el Gobierno declara previa autorización del Congreso; en sitio declara el Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno.
• Afirmar que en el Estado de Alarma se suspenden derechos: en alarma solo se limitan derechos, jamás se suspenden según jurisprudencia y doctrina constitucional.
• Confundir la mayoría requerida para declarar el Estado de Sitio: exige mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, no simple ni de 3/5.
• Asumir que el artículo 14 (igualdad) requiere Ley Orgánica: se encuentra fuera de la Sección 1ª y no se regula por ley orgánica, aunque sí goza de recurso de amparo y procedimiento preferente y sumario.
• Calificar los principios rectores del Capítulo III como derechos subjetivos directamente alegables: no otorgan acciones exigibles por sí mismos ante los tribunales si no media su previa ley de desarrollo.

Plazos críticos de obligada memorización

• 72 horas: plazo máximo general en el que el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial (artículo 17.2).
• 48 horas adicionales: prórroga judicial máxima de la detención preventiva para investigaciones terroristas (artículo 55.2 y Ley de Enjuiciamiento Criminal).
• 15 días: plazo máximo de duración de la primera declaración del Estado de Alarma (artículo 116.2).
• 30 días naturales: plazo máximo de vigencia del Estado de Excepción y de su prórroga máxima individual (artículo 116.3).
• 5 años: duración del mandato temporal del Defensor del Pueblo (artículo 54 y Ley Orgánica 3/1981).
• 20 días naturales: plazo para comparecer o interponer determinados recursos en los procedimientos de amparo judicial.

Artículos clave y preguntas frecuentes

• Artículo 1.1 y 1.2: propugna la libertad, justicia, igualdad y pluralismo político como valores superiores; la soberanía reside en el pueblo del que emanan los poderes.
• Artículo 9.3: relación cerrada de los 7 principios de seguridad jurídica formal y material que vinculan al legislador.
• Artículo 14: principio de igualdad ante la ley, sin que prevalezca discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o condición personal o social.
• Artículo 17: apartados 2 (plazo 72h), 3 (garantías del detenido e información de derechos) y 4 (procedimiento de habeas corpus y plazo máximo de prisión provisional).
• Artículo 53: estructura jerárquica de garantías normativas (53.1), jurisdiccionales reforzadas (53.2) e informadoras (53.3).
• Artículo 55: desglose entre suspensión general colectiva (55.1) e individual antiterrorista (55.2).
• Artículo 116: distribución orgánica de competencias y reglas de permanencia de las Cortes en estados de alarma, excepción y sitio.

Distinciones conceptuales finas

• Valores superiores (Art. 1.1) frente a Principios Rectores (Cap. III): los valores inspiran todo el ordenamiento y actúan como canon de validez; los principios rectores son directrices socioeconómicas que requieren desarrollo legal específico para su tutela judicial.
• Suspensión de derechos frente a Limitación de derechos: la suspensión deja temporalmente sin efecto la vigencia del derecho bajo estados de excepción o sitio; la limitación modula su ejercicio concreto en situaciones extraordinarias de alarma o necesidad pública sin quebrar su vigencia esencial.
• Garantías de la Sección 1ª (Arts. 15-29) frente a Sección 2ª (Arts. 30-38): la Sección 1ª exige Ley Orgánica, tiene amparo judicial preferente y sumario y recurso de amparo ante el TC; la Sección 2ª solo requiere ley ordinaria, vincula a los poderes públicos y se recurre por inconstitucionalidad y jurisdicción común.
• Autorización del Congreso en Excepción frente a Prórroga en Alarma: en la Excepción el Congreso autoriza la declaración antes de que el Gobierno apruebe el decreto; en la Alarma el Gobierno declara primero y solo pide autorización al Congreso si pretende prorrogar más allá de 15 días.

8. Cuadro Resumen Esquemático